Rosselló y Burgos: el nádir de la desobediencia civil
El concepto de la desobediencia civil, teorizado por Henry David Thoreau y famosamente puesto en vigor por Mahatma Gandhi y luego Martin Luther King, ha sido malinterpretado en Puerto Rico.
En años recientes, por ejemplo, el conflicto en torno a la salida de Vieques de la Marina federal fue caracterizada por lo que los partícipes equivocadamente llamaron desobediencia civil; digo equivocadamente porque, al atacar al Tribunal de Distrito Federal por castigar a los desobedientes, hacían caso omiso a que una de las premisas esenciales de la desobediencia civil es que se castigue al desobediente, ya que es precisamente el castigo lo que revela la injusticia de la ley. Los desobedientes boricuas se quedan cortos cuando los comparamos con la valentía de Gandhi y de King, quienes serenamente se sometieron a los castigos que les impusieron, así demostrando la superioridad moral de los principios que defendían. Al pelear tan vigorosamente sus sentencias, los desobedientes restaban eficacia a su propia gestión.
Ahora bien, aunque los activistas anti-Marina andaban un poco confundidos en torno a lo que significa desobediencia civil, por lo menos estaban intendando desplegar la táctica en circunstancias meritorias. Al igual que no se debe utilizar un fusil para matar una mosca, no se debe recurrir a medidas tan drásticas como la desobediencia civil o la huelga de hambre para lograr objetivos de poca importancia. Tiene que haber una proporcionalidad moral entre la magnitud de la injusticia y de la medida que se adopte para atenderla. Además, aún cuando sean importantes los objetivos, no debe emplearse esta táctica a menos de que no existan otras maneras de resolver el conflicto. En el caso de Vieques, sin embargo, ambas condiciones estaban presentes: estaban en juego la salud y libertad de miles de puertorriqueños, y la experiencia de haber convivido con la Marina por décadas dejó claro que los métodos formales de resolver conflictos no tendrían éxito. Solamente la desobediencia civil, al generar presión pública, a nivel tanto local como nacional e internacional, podría tener éxito.
Pero mi insatisfacción con la forma en que los activistas anti-Marina interpretaron el concepto de desobediencia civil es de minimis, cuando se compara con la náusea que sentí cuando leí que el Senador Pedro Rosselló González y la Senadora Norma Burgos hicieron un llamado a la desobediencia civil si el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide que la tasa total del IVU (estatal y municipal) debe ser 7% y no 5.5%. ¿Cómo se atreven?
No voy a entrar en los méritos de la disputa, pues en pocos días el Tribunal Supremo decidirá el asunto. Mi preocupación es otra - es que, aún si Rosselló y Burgos tuviesen algo de razón en cuanto al IVU (lo cual seriamente dudo, pero sigamos), sus expresiones demuestran una irresponsabilidad pasmante, particularmente viniendo de un ex-Gobernador y una ex-Secretaria de Estado.
Para empezar, el relieve moral de esta controversia no es remotamente comparable con el de las luchas de Gandhi y King en contra del colonialismo británico y del discrimen racial, respectivamente. La desobediencia civil es como los antibióticos - si se utilizan con demasiada frecuencia o para atender problemas menores, pierden efectividad. Una disputa que gira en torno a la tasa impositiva no puede justificar una respuesta tan radical.
Segundo, no se trata aquí de personas que carecen de otras opciones. Se trata de una controversia en torno a cómo interpretar el texto de un estatuto. Digamos que ellos tengan razón, y que el estatuto dice 5.5%, en vez de 7%, pero que el Tribunal Supremo se equivoca y resuelve que es 7%. ¿Y? La solución es fácil: legislar nuevamente, para enmendar la ley y reducir la tasa al 5.5% que ellos buscan.
Teniendo esa salida, ¿cómo se atreven a alentar a que los ciudadanos violen la ley? Por razones puramente político-partidistas, están socavando los cimientos de nuestra sociedad, e incumpliendo crasamente con el deber de todo oficial electo de proteger la cosa pública (la 'res publica'). Han traicionado a su país.
En años recientes, por ejemplo, el conflicto en torno a la salida de Vieques de la Marina federal fue caracterizada por lo que los partícipes equivocadamente llamaron desobediencia civil; digo equivocadamente porque, al atacar al Tribunal de Distrito Federal por castigar a los desobedientes, hacían caso omiso a que una de las premisas esenciales de la desobediencia civil es que se castigue al desobediente, ya que es precisamente el castigo lo que revela la injusticia de la ley. Los desobedientes boricuas se quedan cortos cuando los comparamos con la valentía de Gandhi y de King, quienes serenamente se sometieron a los castigos que les impusieron, así demostrando la superioridad moral de los principios que defendían. Al pelear tan vigorosamente sus sentencias, los desobedientes restaban eficacia a su propia gestión.
Ahora bien, aunque los activistas anti-Marina andaban un poco confundidos en torno a lo que significa desobediencia civil, por lo menos estaban intendando desplegar la táctica en circunstancias meritorias. Al igual que no se debe utilizar un fusil para matar una mosca, no se debe recurrir a medidas tan drásticas como la desobediencia civil o la huelga de hambre para lograr objetivos de poca importancia. Tiene que haber una proporcionalidad moral entre la magnitud de la injusticia y de la medida que se adopte para atenderla. Además, aún cuando sean importantes los objetivos, no debe emplearse esta táctica a menos de que no existan otras maneras de resolver el conflicto. En el caso de Vieques, sin embargo, ambas condiciones estaban presentes: estaban en juego la salud y libertad de miles de puertorriqueños, y la experiencia de haber convivido con la Marina por décadas dejó claro que los métodos formales de resolver conflictos no tendrían éxito. Solamente la desobediencia civil, al generar presión pública, a nivel tanto local como nacional e internacional, podría tener éxito.
Pero mi insatisfacción con la forma en que los activistas anti-Marina interpretaron el concepto de desobediencia civil es de minimis, cuando se compara con la náusea que sentí cuando leí que el Senador Pedro Rosselló González y la Senadora Norma Burgos hicieron un llamado a la desobediencia civil si el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide que la tasa total del IVU (estatal y municipal) debe ser 7% y no 5.5%. ¿Cómo se atreven?
No voy a entrar en los méritos de la disputa, pues en pocos días el Tribunal Supremo decidirá el asunto. Mi preocupación es otra - es que, aún si Rosselló y Burgos tuviesen algo de razón en cuanto al IVU (lo cual seriamente dudo, pero sigamos), sus expresiones demuestran una irresponsabilidad pasmante, particularmente viniendo de un ex-Gobernador y una ex-Secretaria de Estado.
Para empezar, el relieve moral de esta controversia no es remotamente comparable con el de las luchas de Gandhi y King en contra del colonialismo británico y del discrimen racial, respectivamente. La desobediencia civil es como los antibióticos - si se utilizan con demasiada frecuencia o para atender problemas menores, pierden efectividad. Una disputa que gira en torno a la tasa impositiva no puede justificar una respuesta tan radical.
Segundo, no se trata aquí de personas que carecen de otras opciones. Se trata de una controversia en torno a cómo interpretar el texto de un estatuto. Digamos que ellos tengan razón, y que el estatuto dice 5.5%, en vez de 7%, pero que el Tribunal Supremo se equivoca y resuelve que es 7%. ¿Y? La solución es fácil: legislar nuevamente, para enmendar la ley y reducir la tasa al 5.5% que ellos buscan.
Teniendo esa salida, ¿cómo se atreven a alentar a que los ciudadanos violen la ley? Por razones puramente político-partidistas, están socavando los cimientos de nuestra sociedad, e incumpliendo crasamente con el deber de todo oficial electo de proteger la cosa pública (la 'res publica'). Han traicionado a su país.
posted by Tulio | 10:43 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home